La crisis financiera global rebaja la agenda de Doha a una conferencia de mínimos

Madrid, 28 de noviembre de 2008.- El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, acompañado de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, y varios representantes de los Ministerios de Economía, Comercio y Hacienda participan desde el sábado y hasta el próximo día 2 en la Conferencia Internacional de Seguimiento de la Aplicación del Consenso de Monterrey, que servirá para revisar las políticas de financiación para el desarrollo establecidas en México en 2002. El escenario en la actualidad es otro y, por tanto, deberán ser abordadas con urgencia las causas que han conducido a esta crisis económico-financiera, para cuya gestión se está empleando una voluntad política y unos recursos económicos que bien los quisiéramos para enfrentar la problemática que trata esta conferencia. Hay que recordar que una veinteava parte de esta cantidad que ahora se regala a los bancos y compañías financieras hubiera servido para hacer frente a la pobreza en el mundo y para cumplir con los Objetivos del Milenio que no pueden seguir postergándose. La UE, y España, deben ejercer un papel de liderazgo en la reforma integral de las estructuras políticas e instituciones financieras y comerciales vigentes, sometiendo los mercados financieros a un control democrático y creando, además, un mecanismo multilateral que someta a inversores y multinacionales a criterios regulatorios vinculantes que no sigan perjudicando a los países más desfavorecidos. En materias que tocan a derechos humanos básicos, tenemos que apostar por garantizar su cumplimiento mediante mecanismos públicos que operen con criterios de justicia social. La crisis financiera no puede ser excusa para dejar fuera de la agenda de la comunidad internacional una crisis tan acuciante como la de la pobreza, motivada en gran parte por el seguimiento de las políticas neoliberales. Por ello, cuando quedan dos años para 2010, los líderes políticos tienen que cumplir los acuerdos que prometieron en anteriores cumbres y reafirmar el compromiso de alcanzar el 0’7% de la RNB para Ayuda Oficial al Desarrollo con calidad. Esa AOD debe ir desligada de intereses económicos y comerciales, estableciéndose, para todo ello, calendarios anuales de cumplimiento. Desde la Alianza Española contra la Pobreza, consideramos que todas las políticas comerciales, económicas, laborales, financieras y de inmigración deben orientarse coherentemente a extender la justicia social y a beneficiar a los países con menos oportunidades, teniendo en cuenta además el papel de la mujer en todos los procesos. Cualquier mecanismo de financiación debe considerarse adicional y no sustitutivo de las políticas comprometidas de Ayuda Oficial al Desarrollo garantizándose que, por ejemplo, la cancelación de la deuda bilateral de los países menos adelantados o los desembolsos orientados a compensar el exceso de CO2, no supongan una reducción del destino de los fondos de ayuda. Adicionalmente, es necesario combatir seriamente a escala internacional la delincuencia financiera (en los paraísos fiscales reposa a buen recaudo una cuarta parte de la riqueza mundial), que socava los principios democráticos y usurpa fondos que podrían destinarse a remediar la pobreza, así como crear un Impuesto Global sobre las Transacciones de Divisas como fuente complementaria de financiación para el desarrollo, gestionado por Naciones Unidas. De lo que dé de sí esta reunión, depende la orientación de la financiación al desarrollo destinada a combatir la exclusión y la pobreza, especialmente importante en este periodo de crisis que afecta particularmente a los más desprotegidos. Por es­o es importante no limitarse a firmar un papel sino que se deberán impulsar revisiones anuales con la participación de todos los agentes de desarrollo, otorgando un espacio relevante a la sociedad civil.

Prensa: Laura Chinchetru 915210955 / comunicacion@coordinadoraongd.org

ALIANZA ESPAÑOLA CONTRA LA POBREZA

- Unión Sindical Obrera (USO)